Concluye Reunión Nacional del Frente Feminista Nacional
Con una manifestación en las puertas del histórico Teatro de la República, ahora propiedad del Senado, y una declaración política en la que cerca de 600 feministas se manifestaron en contra del asesinato de la periodista Miroslava Breach, el fallo del juez Gregorio Loranca Luna que dejó libre a uno de los agresores sexuales de la joven veracruzano Daphne, y las amenazas de la activista queretana Aleída Quintana, el Frente Feminista Nacional (FFN) cerró los trabajos de la primera Reunión Nacional.
Por la mañana, las integrantes del FFN se manifestaron para expresar su inconformidad porque la Mesa Directiva del Senado de la República no les autorizó realizar en ese recinto la entrega del reconocimiento Juana Belén Gutiérrez de Mendoza a 101 mujeres, que se dio en el marco de la reunión que congregó a mujeres de 29 entidades.
En el pronunciamiento al que dio lectura la feminista queretana Liliana Gutiérrez, consideraron que la negativa representa un trato inequitativo para las mujeres, pues el pasado viernes, el legislador federal priísta, Braulio Guerra Urbiola, presentó un libro en ese recinto, cuando la Mesa Directiva externó su negativa en el oficio SGSA/CT/LXIII/129/2017, con fecha del 9 de marzo, con el argumento de que no existían “condiciones”, debido a los trabajos del acondicionamiento del lugar.
Explicó que hace 100 años, las mujeres no participaron en la firma de la promulgación de la Constitución de la República Mexicana en 1917, porque en aquella época no fue permitido, recordó a Hermila Galindo de Topete, sufragista, constitucionalista y diplomática, buscó que en la Carta Magna se incluyera el derecho de la mujer al voto.
En los trabajos de mediodía, en la declaratoria de clausura de los trabajos de tres días, el FFN conminó a las participantes, integrantes de organizaciones ciudadanas, militantes de partidos políticos, académicas, sindicalistas, luchadoras indígenas, estudiantes y trabajadoras, entre otras, construir una fuerza política nacional que demande y exija el avance de las mujeres y el respeto al ejercicio de sus derechos humanos.
Lourdes García Acevedo, de la Ciudad de México, quien dio lectura a las conclusiones a las que llegaron las activistas, reunidas en el Centro Cultural Manuel Gómez Morin, demandó justicia en el caso de asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, así como los casos de mujeres periodistas y defensoras de Derechos Humanos que han quedado impunes, exigiendo al estado que realice acciones que garantice la vida de periodistas y defensoras de Derechos Humanos.
Las activistas también solicitaron no quede impune el caso de Aleída Quintana, defensora de Derechos Humanos de Querétaro, así como que el sistema de justicia en México no sea cómplice de la violencia en contra de las mujeres, exigiendo justicia paraDaphne y encarcelamiento al juez José Arquimides Gregorio Loranca Luna, por la transgresión de los principios elementales de la administración de justicia, al juzgar bajo sus valores personales y por ejercer violencia de estado a las víctimas.
Ante la violación a los derechos humanos de las mujeres, los feminicidios, la violencia obstétrica y política, el incumplimiento de las alertas de violencia de género en varios estados, el capitalismo neoliberal que se traduce en opresión, explotación y dominación para la mayoría de mujeres y hombres y un estado hostil a la vida y a la dignidad de las mujeres, García Acevedo llamó a las feministas a articularse a nivel local, estatal y nacional.
La integrante de la coordinación nacional del FFN consideró importante esa articulación que fortalezca la alianza nacional para la incidencia en la progresividad y exigibilidad de los avances, que incluyen el cumplimiento de la legislación existente para la igualdad, así como la ampliación y suficiencia presupuestal para garantizar la exigencia de políticas públicas que dignifiquen la vida de las mujeres en todas las edades y circunstancias.
Resaltó que las mujeres adultas mayores, las jóvenes, de pueblos originarios, rurales, con discapacidad y no heterosexuales viven una mayor exposición a las violencias. Por esto exigieron al Estado el cumplimiento de su obligatoriedad en el garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos, pero asumiendo el compromiso de fortalecer la ciudadanía participativa, activa e informada para la generación de control, vigilancia, transparencia y rendición de cuentas como las contralorías ciudadanas.
Finalmente solicitaron que el estado revierta los efectos nocivos del modelo neoliberal, capitalista y neoliberal que atenta contra la sostenibilidad de la vida, así como respeto para que en el ejercicio paritario de los derechos políticos no represente una forma más de violencia.